Desde el año 2013, en el Ministerio de Educación (MINERD) se iniciaron esfuerzos para lograr una revisión y actualización curricular. Esa revisión curricular implicaba a su vez una necesaria revisión de la Ordenanza 06-2003, que regía todo lo concerniente a la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. Pero esto no se hizo.

Más adelante, en base a esa Ordenanza se iniciarían los procedimientos para evaluar los libros de texto que entrarían al sistema. Dentro de sus artículos, dicha ordenanza establecía claramente que, si el currículo cambiaba, los libros de texto por igual debían hacerlo.

Sin embargo, dos años después, en el 2015, se aprobaron dos ordenanzas que revisaban, actualizaban y validaban el currículo de la Educación Inicial y la Educación Primaria. No obstante, la Ordenanza 06-2003 seguía intacta, sin ser examinada, a pesar de las transformaciones que el currículo había experimentado. Se modificó el currículum pero no los libros.

No es sino en el 2017 que se actualiza y modifica la Ordenanza 06-2003, dando como resultado la Ordenanza 26-2017, la cual viene a regular la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje, conteniendo las modificaciones que debían orientar la elaboración de los libros de texto.

Dicha Ordenanza entra en vigencia en abril del 2018 cuando se hace la primera convocatoria para la presentación de los libros de texto de parte de las empresas editoras.

El Ministerio de Educación llamó a una licitación pública nacional y la declaró especial para poder modificar los tiempos concedidos por la propia Ordenanza, y de este modo acelerar la compra de los libros.

La presentación de maquetas se hizo el 25 de mayo del mismo año 2018 y estas se tramitaron a la Dirección General de Currículo, donde el 28 de julio se emitieron los primeros resultados evaluativos de las 373 maquetas sometidas a evaluación, de todas las áreas.

El 12 de agosto de ese mismo año las 373 maquetas se recibieron para reevaluación, proceso que duró 10 días, entrando luego en un letargo que perduró hasta mayo del 2020, cuando lo que procedía era continuar con la aprobación de los libros de parte del Consejo Nacional de Educación.

En el 2020, el MINERD establece un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para evaluar nuevamente los libros de texto. Treinta y cinco días después, la OEI hace entrega de los informes al

Viceministerio de Gestión Financiera del MINERD.

Las dos evaluaciones de los arrojaron resultados distintos. Pero tampoco se dieron los pasos de lugar con esos informes recibidos, y así llegó la transición de gobierno en agosto del 2020, con dos evaluaciones y ninguna aplicada.

La nueva gestión, tan pronto inició, puso en marcha acciones en procura de garantizar libros de texto para los estudiantes. 

Más adelante se pudo establecer que los informes de las evaluaciones no se correspondían con los códigos que estaban en custodia de parte del Ministerio de Educación, lo que obligó a la actual administración a procurar con las dependencias correspondientes una salida a esa situación, lo que devino en una convocatoria a todas las editoriales participantes, a fin de que pudieran identificar sus textos y así poder cotejar los informes de la OEI con los códigos de las maquetas, y finalmente entregar a sus respectivos dueños.

Este proceso, por su naturaleza, tardó un gran tiempo, ya que se requería de sumo cuidado para evitar el error de entregar un informe por otro, tratándose de 373 informes distintos para analizar, hacerlo con eficacia y transparencia, lo cual fue valorado como una estrategia exitosa para minimizar la agonía del momento y la ansiedad que esto conllevó tanto a los libreros como al propio MINERD y a la comunidad educativa.

Organizado todo y encontrada una salida a este laberinto, se procedió a realizar los procedimientos legales reglamentarios, que consistieron en reunir al Consejo Nacional de Educación el 18 de junio del 2021 para que se aprobara, tal como lo establece la Ley 66-97, la bibliografía de los textos a ser utilizados en la educación pública y privada.

De inmediato, tras la decisión del Consejo Nacional de Educación, se instruyó a la Dirección de Compras y a los niveles educativos involucrados, que para entonces eran Inicial y Primaria, para que procediera según los mecanismos legales instituidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas con la finalidad de adquirir los libros impresos.

La parte legal incluyó consulta a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, a fin de que orientara sobre la realización de un proceso de excepción por exclusividad debido al número de participantes.

Este recorrido conllevó la elaboración del pliego de condiciones y la ficha técnica, definición del precio referencial, las cotizaciones de los textos, la publicación para preguntas y respuestas, la aprobación de los pliegos por parte del Comité de Compras, culminando con la adjudicación, (lo que tardó más de 90 días), de forma tal que se cumpliera con todos los mandatos de la ley, sin violentar ninguna etapa del proceso.

Es así como, finalmente, se pudo adjudicar la cantidad de 9,167,950 textos para los niveles Inicial y Primaria, 6,732,626 de los cuales son impresos y 2,435,324 en formato digital.

El año pasado, el ministro de educación, Roberto Fulcar, informó que en este año 2022 se dispondría de libros de texto. Este viernes, 18 de febrero, Día Nacional del Estudiante, el MINERD despacha a las 18 regionales y 122 distritos escolares más de nueve millones de libros para primaria y secundaria.